Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Lunes 19 de noviembre de 2012
Una economía que depende de una renta para su funcionamiento es intrínsecamente vulnerable, particularmente si esa renta la determinan variables externas sobre las cuales se tiene poco o ningún control. Ese es el caso de la economía venezolana, que está a merced de su ingreso petrolero, el cual, a su vez, depende del comportamiento del precio internacional de los hidrocarburos, variable por demás volátil y sobre la que tenemos muy poca, o ninguna capacidad de influencia.
Cuando los precios están debilitados sufrimos recesión o estancamiento, y cuando se recuperan crecemos como producto de las políticas de expansión de gasto público, mecanismo a través del cual se inyectan a la economía los recursos petroleros adicionales, generando una situación de bonanza que llega a su fin cuando los precios vuelven a caer. Con la finalidad de romper ese círculo vicioso se hace indispensable la creación de fondos de estabilización macroeconómica, con el fin de ahorrar parte de los cuantiosos ingresos de los buenos años petroleros, para así contar con recursos qué compensen la caída de la renta en los años de menores precios. Incluso, durante los últimos tiempos hemos aprendido que para lograr mantener tasas de crecimiento aceptables se requiere que los precios de exportación aumenten sostenidamente, ya que su estabilización, aun cuando sea a altos niveles, impide que la renta siga elevándose, condición necesaria, mas no suficiente, para que la economía continúe creciendo.
Sin embargo, la condición fundamental para romper con esa precaria dependencia de la renta petrolera es que la economía se diversifique, con el fin de lograr el desarrollo de múltiples sectores productivos eficientes y competitivos, que no sólo produzcan más y mejores productos para satisfacer el mercado interno, sino que exporten esos bienes, disminuyendo la vulnerabilidad de la economía a los vaivenes de las exportaciones petroleras. Para ello se necesita, entre muchas cosas, que existan reglas de juego claras, racionales y perdurables, que se disponga de servicios públicos de calidad, que se priorice el desarrollo del capital humano requerido, y que haya una delimitación clara de funciones de los distintos miembros de la sociedad, incluyendo, obviamente, al Estado, a quien le corresponde realizar tareas fundamentales muy específicas, entre otras, la de velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal, ejercer una función de supervisión y fiscalización efectiva para evitar prácticas indebidas por parte de las empresas u otros miembros de la sociedad, y asegurar la existencia de un Poder Judicial idóneo e independiente que vele por la preservación del Estado de Derecho. En pocas palabras, el logro de aquella diversificación requiere la implementación efectiva de un plan de desarrollo sustentable.
Desgraciadamente, lo que vivimos en Venezuela es algo muy distinto. La implantación del socialismo del siglo XXI, que no es más que un comunismo matizado, pero tan retrógrado, caduco y fracasado como todos los del siglo XX, nos está llevando a una situación precaria. El hostigamiento a la empresa privada, la imposición de controles y condiciones de trabajo irracionales, las expropiaciones arbitrarias e ilegales, la ausencia de independencia de los poderes públicos, y la inexistencia de un sistema judicial imparcial y funcional, han creado un ambiente hostil a la inversión y contrario al que debe existir para el logro de aquella necesaria diversificación económica. Adicionalmente, el desmantelamiento del aparato productivo tradicional y su sustitución por otro inoperante, la dependencia cada vez mayor del suministro externo, el desenfrenado gasto público, el irresponsable endeudamiento gubernamental y la absurda política cambiaria existente, lejos de enrumbar la economía hacia el desarrollo deseable y sustentable, lo que ha hecho es hacerla mucho más vulnerable y precaria. Eso lo pagaremos todos.