Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Sábado 25 de enero de 2003
Sin lugar a dudas, la crisis política en la que estamos inmersos tendrá dramáticas consecuencias en el ámbito económico y social, y las mismas tenderán a agravarse cuanto más se extienda el conflicto. La caída de la actividad productiva de este año será la más severa de que se tenga memoria en varias décadas, implicando ello la desaparición de múltiples fuentes de trabajo y la merma de ingreso de la población. Lo anterior, combinado con la disparada inflacionaria que se espera en los próximos meses, acarreará una caída abrupta del salario real y la profundización del ya crítico proceso de empobrecimiento de la población. Si a esto agregamos la conmoción política que se vive, es fácil inferir que se está creando el caldo de cultivo propicio para el estallido de la violencia, con incalculables consecuencias humanas y materiales. De allí el llamado que formulaba en mi último artículo acerca de la imperiosa necesidad de que el presidente Chávez dejara atrás su condición de caudillo revolucionario intemperante, para transformarse en el estadista con la templanza requerida para solventar la gravísima crisis que vivimos.
Sin embargo, mi escepticismo acerca de esa posibilidad quedó corroborado al escuchar en días pasados el discurso de nuestro presidente ante la Asamblea Nacional (AN), cuando dijo que, para él, la revolución era el único camino, manifestando su deseo de que ese proyecto pudiera llevarse a cabo pacíficamente, pues de lo contrario habría violencia. Semejante tozudez me lleva a pensar que las opciones de salida a la crisis están severamente limitadas, ya que las distintas alternativas que se han planteado, tales como el referendo revocatorio, la enmienda o la reforma constitucional y la constituyente, tendrán muy pocas posibilidades de materializarse con la celeridad requerida. Las tácticas dilatorias que tan hábilmente utilizan los representantes del oficialismo pueden postergar indefinidamente la materialización de cualquiera de esas opciones, por ejemplo, a través del condicionamiento de renovación previa de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de los referendos, o la elección, que aquellas alternativas exigen. Dado que la designación de aquellos integrantes del CNE requiere el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados de la AN, no sería de extrañar que la bancada oficialista retrasare indefinidamente aquella designación.
Por ello creo que la solución tiene que pasar por la toma de conciencia de un pequeño grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de diputados oficialistas de la AN acerca de la necesidad de destrabar el juego político. La declaración por parte del TSJ de la existencia de méritos para el enjuiciamiento del presidente, por ejemplo, por la presunta malversación de fondos públicos, y la autorización requerida de la AN al TSJ para que continúe conociendo de la causa, forzaría la salida del primer mandatario, condición necesaria, mas no suficiente, para solventar la crisis.