Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Jueves 16 de junio de 2016
El gobierno ya nos tiene acostumbrados a sus múltiples acciones orientadas a solucionar problemas nacionales que no llevan a nada y que, después de fracasar rotundamente y de generar cuantiosos gastos y despilfarro, pasan al olvido. Creo que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, de reciente creación, serán otro fracaso más. Estos entes, que están formados por habitantes de pequeñas comunidades, y que se concibieron con la finalidad de solventar el grave problema de escasez de alimentos que sufren los venezolanos, no podrán lograr su objetivo, y muy probablemente degenerarán en más corrupción, ineficacia, clientelismo y discriminación, agravando aún más el problema por el que fueron creados.
Los CLAP tienen un incuestionable tinte político, ya que se fundamentan en cuatro instancias estrechamente vinculadas al oficialismo, como son La Unión Nacional de Mujeres, la Unidad Batalla Bolívar-Chávez, el Frente Francisco de Miranda y los Consejos Comunales, debiendo contar cada CLAP con el certificado, o visto bueno, del Ministerio para las Comunas. Altos voceros gubernamentales han informado que el grueso de la distribución de alimentos a nivel nacional se hará directamente y sin intermediarios, para lo cual el Estado comprará el 70% de la producción de las plantas procesadoras de alimentos, comercializando esos productos a través de los CLAP, entes que tendrán un registro del número de familias o casas en su comunidad, a las cuales se les deberá vender periódicamente bolsas de comida a precios subsidiados. Con ello pretende el gobierno, por una parte, acabar con las interminables colas de personas en las puertas de los abastos y supermercados con el fin de comprar cualquier alimento, objetivo que muchas veces se ve frustrado por el rápido agotamiento de las escasas mercancías y, por la otra, eliminar a los vendedores informales, también conocidos como “bachaqueros”, quienes acumulan mercancías con el fin de revenderlas, pero a precios muy superiores a los regulados.
En un primer momento la idea puede parecerle buena a muchos, pero a la larga quedará demostrado que la misma no es funcional ni eficiente, y su implementación acabará agravando el problema de escasez y exacerbando la frustración de la gente al no conseguir alimentos, o tener que adquirirlos a precios muy elevados en el mercado informal.
El sesgo político de estos comités generará la discriminación de las personas no afectas al gobierno, a quienes se les restringirá el acceso a los alimentos distribuidos por los CLAP, pues estos, al igual que varias veces en el pasado, se encargarán de excluir de sus listas de beneficiarios a aquellas familias cuyos miembros sean de la oposición, o hayan firmado en favor del referendo revocatorio contra Maduro. Estos excluidos tendrán que acudir al mercado informal o seguir haciendo colas interminables para comprar alimentos, pero ahora en abastos críticamente desabastecidos debido a la venta forzosa que tendrán que hacer las plantas procesadoras de alimentos al gobierno para proveer a los CLAP. De hecho, el jefe de control de estos nuevos entes informó que el gobierno había acordado con las cadenas privadas que el 50% de la mercancía recibida será comercializada a través de esas redes, y el 50% restante por los CLAP.
Adicionalmente, varios de los que administrarán los alimentos a ser entregados a los comités, o muchos de sus miembros, se transformarán en “bachaqueros”, pues rápidamente verán la posibilidad de desviar y acaparar parte de esos productos, para luego revenderlos en el mercado informal con precios artificialmente altos.
Peligroso el juego del gobierno con los CLAP, pues ello puede profundizar aún más el crítico problema de desabastecimiento, con el agravante de que la discriminación que el mismo posiblemente generará puede tener consecuencias nefastas. Este no es el momento de improvisar. Eso es jugar con fuego.