Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Lunes 27 de septiembre de 2010
Una de las condiciones básicas para avanzar en el proceso de desarrollo económico es la materialización de una abundante y perseverante inversión, porque sólo así se pueden lograr altas tasas de crecimiento y generar abundantes fuentes de trabajo permanente y bien remunerado, requisito indispensable para abatir la pobreza y mejorar la condición de vida de la población. No obstante, esa cuantiosa y sostenida inversión exige, además de disponer de ingentes recursos, la participación activa de distintos miembros de la sociedad, entre los cuales deben distribuirse las cargas y responsabilidades, de tal forma que se optime el uso de los recursos con que se cuenta y se logren los mejores resultados.
Al sector público le toca jugar un papel preponderante en esta materia, ya que sobre él recae la responsabilidad de invertir en el desarrollo de la infraestructura física requerida para disponer de servicios públicos adecuados, como suministro de agua, electricidad, vialidad y transporte, servicios sanitarios, etc., así como de instalaciones apropiadas de salud y educación, donde se ofrezcan óptimos servicios de sanidad, y se le dé a la población una buena educación básica y posibilidades de formación profesional y técnica.
Al sector privado, por su parte, en su condición de generador de empleo por excelencia, le corresponde invertir en la creación y desarrollo de empresas que creen posibilidades de trabajo para la población. Esto, sin embargo, exige la existencia de condiciones propicias para la inversión, lo cual, a su vez, depende de las políticas públicas que se implementen y del ambiente institucional existente. En este sentido, es necesaria la presencia de un marco legal y regulatorio claro, racional y perdurable, y de un sistema judicial y de arbitraje idóneo, funcional y expedito, que permita dirimir diferencias y conflictos, y que asegure el imperio de la ley y el respeto de derechos fundamentales, como el de la propiedad. También se requiere la formación del recurso humano requerido por las empresas para innovar y adoptar tecnologías de punta, que les aseguren la producción de los productos requeridos por los mercados con la mayor eficiencia. Adicionalmente, es necesario asegurar la existencia de un sistema financiero eficiente, bien regulado y supervisado, que cumpla idóneamente la función de intermediación, captando el ahorro del público y financiando las inversiones de las empresas y las necesidades de la población. Asimismo, es tarea del gobierno promover los acuerdos de integración económica que aseguren la ampliación de los mercados, condición fundamental para el desarrollo de sólidas empresas innovadoras y eficientes.
Se trata pues de esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado tendentes a crear las condiciones propicias para el florecimiento de la inversión, condición de base para la consecución del desarrollo.
De allí que veamos con preocupación lo que está pasando. Lejos de estimularse los gastos de formación de capital y buscarse la distribución de cargas en su ejecución, se insiste en acosar a la empresa privada, en la costosa y estéril estatalización de empresas privadas eficientes que rápidamente se deterioran, y en sustituir al aparato productivo tradicional por otro que ha fracasado en todas partes donde se ha implantado. Flaco servicio se le está haciendo a la población, particularmente a los más desposeídos, quienes, por esa vía, no podrán contar con empleos permanentes y bien remunerados, y seguirán sufriendo altas tasas de inflación.
Imagen: esan.edu.pe