Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Lunes 12 de agosto de 2013
La acentuada escalada inflacionaria de este año está causando estragos entre todos los miembros de la sociedad, pero, como siempre, los que se ven más perjudicados son los que pertenecen al segmento de menores ingresos, y las personas que tienen una baja remuneración nominal fija, tales como la mayoría de los asalariados y los pensionados, ya que los ajustes de sus estipendios, cuando se dan, son muy inferiores al aumento de los precios. Obviamente, eso hace que la capacidad de compra de esas personas se reduzca con fuerza, agravando así las penurias y estrecheces que a diario padecen.
Este fenómeno es particularmente cierto en Venezuela, ya que el grupo de ítems que mayor inflación está experimentando es el de alimentos, lo cual hace que las personas más desposeídas tengan que destinar altos y crecientes porcentajes de sus presupuestos familiares a la adquisición de esos bienes esenciales, llevando a sus hogares cada vez menores cantidades, o dejando de adquirir productos imprescindibles de una dieta balanceada. Algunas cifras presentadas por el BCV y por el Instituto Nacional de Estadística dan soporte a lo que digo. La inflación anualizada a nivel nacional entre julio de 2012 y julio de 2013 fue 42,6%, pero la de los alimentos fue 60,9%, y los bienes agrícolas se han encarecido en más de un 80% en igual lapso. Más aún, los precios de los bienes avícolas y pecuarios, que conjuntamente con los pesqueros, son los que por excelencia proveen las proteínas que la población necesita, han aumentado a nivel de mayorista en más de 150% durante el último año, y han subido más de 80% desde diciembre de 2012 hasta hoy.
Todo lo anterior ha hecho que las remuneraciones reales de los trabajadores, en las que se incluyen no sólo los sueldos y salarios, sino también todos los demás beneficios que perciben, como bonos vacacionales, prestaciones, etc., hayan experimentado una importante reducción en términos reales, es decir, corregidas del factor inflacionario. En efecto, la capacidad de compra de esas remuneraciones es hoy un 13,2% menor que hace cinco años, siendo los trabajadores del gobierno los que más han visto mermadas las cantidades que hoy pueden adquirir con las compensaciones que reciben. No sólo eso, el poder adquisitivo de las retribuciones laborales es hoy 21% más bajo que el existente a mediados de 1998, pudiendo concluirse que, de acuerdo a ese importante indicador, la calidad de vida de los trabajadores se ha visto seriamente deteriorada en los últimos 15 años. Para ponerlo en términos coloquiales, es como si los precios subieran por el ascensor y las remuneraciones lo hicieran por la escalera.
Ahora bien, ¿a qué se ha debido ese disloque inflacionario? Según los voceros del gobierno, es producto de la especulación desmedida de los empresarios que sólo buscan el beneficio personal sin importarles el sufrimiento del pueblo. Como siempre, hay que endilgarle las culpas a otros. Si bien es cierto que, al igual que en cualquier economía, ocurren acciones especulativas indeseables, es un sinsentido pretender inculpar a los empresarios de ser los causantes de ese flagelo en nuestro país. Creo que el principal culpable, si bien no el único, es el gobierno, ya que en gran medida la inflación que hoy nos carcome se ha debido a las desquiciadas políticas fiscal y monetaria que ha implantado, y a acciones que restringen la oferta, tales como el hostigamiento permanente a la actividad económica privada, la restricción al acceso a las divisas, la imposición de controles de precios que condenan a productores y distribuidores a trabajar a pérdida, las amenazas permanentes de intervención, las estatalizaciones de empresas que al pasar a manos del Estado se vuelven ineficientes, y los desincentivos a la inversión privada, para mencionar sólo algunas. Ojalá se tome consciencia y se hagan los correctivos debidos, pues sólo así se podrá doblegar ese mal que nos corroe.
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