Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Jueves 9 de marzo de 2017
Recientemente se conocieron los resultados de la tercera “Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela”, Encovi, una investigación anual llevada a cabo por tres prestigiosas universidades venezolanas (UCAB, UCV y USB), que busca establecer el nivel de bienestar y la calidad de vida de la población. Como era de esperar, esos resultados reflejaron la situación caótica actual y concluyeron que entre 2014 y 2016 el porcentaje de hogares en condición de pobreza de ingreso pasó de 48,4% a 81,8%, y los que estaban en situación de pobreza extrema pasaron de 23,6% a 51,5%. También se reseñó que el año pasado 4,2 millones de pobres no se beneficiaron de ninguna “misión” o programa social gubernamental, que 9,6 millones de personas ingirieron dos o menos comidas al día, que a 93,3% de los hogares no les alcanzó el ingreso para comprar alimentos en cantidad suficiente, y que 72,7% de la población perdió en promedio 8,7 kilogramos de peso corporal. Adicionalmente, se reportó que en 2016 el consumo de alimentos se desplomó, y que hoy existen las peores condiciones de desprotección de salud desde principios del siglo XX.
Entre las razones que originaron esa adversidad están los bajos precios petroleros que han existido desde fines de 2014 a esta parte, fenómeno que, combinado con la declinación de los volúmenes de producción y exportación de hidrocarburos, generó una reducción brusca de los ingresos de divisas. Sin embargo, esa no fue ni la única ni la más importante razón, fue más bien un factor coadyuvante. Las verdaderas causas que generaron el caos que vivimos son las pésimas políticas públicas que se han implementado, no solo durante los últimos años, sino desde hace varios lustros. Fueron esas políticas las que causaron la práctica ruina de Pdvsa, la depauperación del aparato productivo interno, la exacerbación de la condición rentista de la economía y de su dependencia de los volátiles precios de los hidrocarburos, el despilfarro de los mayores ingresos petroleros de nuestra historia, y la altísima inflación que padecemos. Estas políticas, combinadas con una corrupción desbocada, y con la imposición de un sistema de gobierno autocrático que no respeta la Constitución y las leyes, que no se somete a los controles debidos, y que eliminó la independencia de los poderes públicos, han llevado a la aniquilación del Estado de Derecho y a la conformación de un país en caos, y de una sociedad dependiente de la voluntad de los gobernantes. Quizá este último punto explique por qué el gobierno se empeña en ser el único que importa alimentos o medicinas, o controla esas operaciones comerciales con particular recelo, ya que ello le da la potestad de ser el que determina qué productos de primera necesidad son los que puede obtener la gente, particularmente los más desposeídos, dándole esto un control creciente sobre la gran masa de la población, la cual percibe que para poder tener acceso a los alimentos o a las medicinas, aunque sea en cantidades precarias, hay que estar de buenas con el gobierno. Esto está muy en línea con el criterio que históricamente ha caracterizado a muchas revoluciones, particularmente a las de corte comunista: fomentar la miseria, pues ella genera dependencia del Estado y sumisión al gobernante.
Pero, ¿por cuánto tiempo más tendremos que padecer este caos? La historia también nos demuestra que esa perversa línea de acción tiene sus límites, llegándose tarde o temprano a un quiebre inevitable. Este puede tomar la forma de una presión, violenta o no, que fuerce el cambio, bien sea a través de la modificación radical de las políticas públicas por parte de la dirigencia gubernamental misma con el fin de mantenerse en el poder, o a través de un cambio de gobierno, pacífico y electoral, o forzoso. Ojalá que el cambio de rumbo que se siga cuando lleguemos a ese punto de quiebre sea el más pacífico y positivo posible.