Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Viernes 13 de agosto de 1999
Después de escuchar el discurso del presidente Chávez ante la Asamblea Nacional Constituyente, concluí que, a pesar de contener algunos cambios relevantes, la nueva constitución será en buena medida la ratificación de la vigente, disipándose así muchas de las aprensiones e incertidumbres que teníamos sobre el tema. Ello no significa, sin embargo, que crea que aquella ratificación sea buena en todos sus aspectos. Por el contrario, pienso que la preservación de una serie de principios incluidos en la constitución de 1961 sería altamente inconveniente. Múltiples son los ejemplos que pudiera citar para respaldar mi punto de vista, pero por razones de espacio me limitaré a mencionar tan sólo uno de ellos.
El Estado y la educación superior
Como se sabe, existe la intención de mantener la gratuidad “obligatoria” de la educación universitaria, y el compromiso del Estado de dotar a las universidades nacionales de la totalidad de los recursos que requieren para su funcionamiento. Ya he expresado múltiples veces por qué pienso que eso es un grave error. Creo que aquellos que disponen de medios deben pagar por la educación que sus hijos reciben en nuestras universidades nacionales, acabando así con el absurdo, injusto y regresivo subsidio del Estado a los venezolanos que no lo necesitan en desmedro de los más pobres, a quienes se les condena a recibir una educación básica y técnica mediocre debido a la desproporcionada absorción por parte de las universidades nacionales de los escasos y limitados recursos disponibles para la educación. Lo que el Estado tiene que asegurar es el acceso a las universidades a los venezolanos que demuestren poseer la capacidad intelectual requerida y cumplan con los estándares de desempeño académico, haciendo que los que dispongan de medios paguen por su educación, y los que no, reciban la asistencia financiera del Estado a través de préstamos educativos que les permitan cubrir la matrícula y sus necesidades básicas durante los años de formación.
Al igual que las universidades privadas, las universidades nacionales tienen que asumir, como ya lo han empezado a hacer algunas, la responsabilidad de generar parte de los recursos que necesitan para su funcionamiento a través de una serie de actividades como el asesoramiento a empresas, el desarrollo de nuevas tecnologías, la prestación de servicios a centros de producción a través del esquema de “outsourcing”, la óptima explotación de las zonas rentales que poseen, y la captación de contribuciones voluntarias de sus egresados y de otros miembros de la comunidad. De esta forma esos centros de estudio complementarían los aportes presupuestarios que continuarían recibiendo, pero ahora en cantidades limitadas. Ya es hora de sincerar las cosas, haciendo que el Estado optime la asignación de los escasos recursos de que dispone para esos fines, destinando la mayor parte de éstos a la educación básica.
La retroactividad de las prestaciones
Otro grave error sería acoger la sugerencia de asignarle el rango de mandato constitucional a la retroactividad de las prestaciones sociales. Esto, además de ser una cuestión fuera de contexto, traería graves consecuencias, siendo las grandes víctimas los trabajadores cuyos intereses se querrían proteger con una acción de este tipo. Como explicábamos en un artículo reciente, aquella retroactividad hizo que en las últimas décadas los ajustes de los salarios se divorciaran de la inflación, porque de lo contrario el crecimiento explosivo de los pasivos laborales habría llevado a la quiebra a la mayoría de las empresas, y habría hecho inviable el manejo de las finanzas del Estado. Volver a instaurar ese anacronismo sería algo incompresible e irresponsable, ya que la imposibilidad de cumplir ese mandato forzaría a los empleadores a buscar alternativas para evadir su observancia, siendo nuevamente los trabajadores las grandes víctimas de esa desatinada medida.
Conclusión
Hay que evitar incurrir en el error de insertar en la nueva constitución una serie de normas irreales y distorsionadas, que introduzcan rigideces y dificulten el manejo futuro del país, limitándonos la capacidad de maniobra y de adaptación a los cambiantes escenarios y realidades a los que estaremos expuestos, y sobre los cuales tendremos muy poca capacidad de influencia.