Errores constitucionales

Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Viernes 19 de noviembre de 1999

 

Los compromisos sociales del Estado consagrados en la nueva constitución, si bien puede responder a las mejores intenciones de los asambleístas que los aprobaron o del presidente Chávez, simplemente son económicamente inviables.  Por ello su implementación no sólo acarreará severas distorsiones de carácter fiscal y financiero, sino tam­bién presiones de tipo social y político.

Múltiples han sido las alertas de variados expertos acerca de los costos que tendrá que afrontar el fisco al momento de implantarlos, equivaliendo las erogaciones corres­pondientes a un porcentaje desproporcionadamente elevado del PIB.  Más aún, los com­promisos de gasto por este concepto aumentarán en el tiempo a un acelerado ritmo, máxime si, como es de esperar, la inflación se mantiene elevada y el bolívar continúa sobrevaluado.  Lo anterior lleva a pensar que los próximos ejercicios fiscales serán cada vez más deficitarios, haciendo que las necesidades de endeudamiento crezcan rápida­mente, generando esto presiones alcistas sobre las tasas de interés internas, y condiciones cada vez menos favorables en el proceso de contratación de empréstitos externos.

Pero, como ya dijimos, no serán estas adversas consecuencias fiscales y financie­ras las únicas que se padecerán.  Al ratificarse la gratuidad de la educación y de la salud, y consagrarse el principio de que todas las personas, contribuyentes o no, tendrán el dere­cho de gozar de la seguridad social provista por el Estado, lo que estamos asegurándonos son sistemas educativos, de salud y de seguridad social cada vez más precarios, inope­rantes e ineficaces.  Esto lo pagaremos todos, pero, sin duda, quienes más lo padecerán serán los grupos de personas de menores recursos, precisamente aquellos a quienes se trata de proteger con estas decisiones demagógicas, inoperantes y altamente contraprodu­centes.

Un ejemplo, la educación

La ratificación de la gratuidad de la educación de tercer nivel, combinada con la obligación del Estado de proveer los recursos que requieran las universidades nacionales para su funcionamiento, contribuirán notablemente a la profundización del proceso de deterioro y depauperación de la educación que hemos padecido en Venezuela durante las últimas décadas.  Al igual que en el pasado, las limitaciones cada vez mayores que pade­cerá el Estado para cumplir con sus elevadas y crecientes obligaciones de gasto, harán que la asignación de recursos para actividades claves como la educación y la salud sea cada vez más precaria e insuficiente.  Ello hará que la pugna de los diversos sectores por captar la mayor parte de los escasos recursos asignados se intensifique, resultando perde­dores los que menos capacidad de cabildeo político tengan.  Es ya conocida la nefasta consecuencia que esto ha tenido en nuestro sistema educativo. La presión política cada vez mayor que ejercen las universidades nacionales para que se le asignen los recursos que necesitan para su funcionamiento, o para que se les cancele las acreencias ya multi­billonarias que éstas tienen con el Estado, hace que los recursos asignados a esos centros de estudio signifiquen un porcentaje desproporcionadamente elevado del presupuesto para la educación.  Esto, obviamente, se traduce en asignaciones de recursos cada vez más precarias para la educación básica y técnica, condenándose así a nuestros jóvenes a recibir una formación mediocre y cada vez más pobre.  Tanto más se agravará la situa­ción cuanto menor sea la presión que se ejerza sobre nuestras universidades nacionales para que mejoren sus estándares, y busquen un mayor grado de autonomía financiera a través del esfuerzo de sus miembros, o se materialicen los deseos de altos voceros del gobierno, que abogan por la profundización de la masificación de los estudios universita­rios, permitiéndosele el acceso a nuestras universidades nacionales a cualquier estudiante que haya culminado sus estudios de bachillerato, sin haber pasado por un estricto proceso de admisión.

Graves errores, graves consecuencias

Por similares razones, el deterioro previsible de nuestro sistema educativo se puede extrapolar a otras áreas básicas como la salud y la seguridad social. Es lamentable y deprimente ver cómo decisiones erradas y apresuradas acarrearán severas consecuen­cias, condenando al Estado a una ineficacia creciente, y a la población a sufrir un dete­rioro aún más acentuado de su calidad de vida.

 

Imagen: Sienteamerica.com