Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Sábado 19 de abril de 2003
Durante los últimos 25 años los venezolanos hemos padecido un sostenido proceso de empobrecimiento. En efecto, salvo en unos pocos años, el poder adquisitivo del salario promedio de nuestros compatriotas ha caído de una manera alarmante, al punto de que a fines del año pasado la capacidad de compra de esa remuneración promedio era tan sólo un 30% de la existente en 1978, y el PIB real per cápita cayó en más de un 32% entre 1978 y 2002. Como si eso fuera poco, ese deterioro se está acentuando de una manera dramática durante los últimos tiempos, estimándose que en tan sólo dos años (2002 y 2003), aquel PIB real per cápita se contraerá en un 25% aproximadamente, mientras que la caída del salario real promedio será aún más acentuada.
La masiva desaparición de fuentes de empleo debido al cierre de miles de empresas, o al achicamiento de las que hasta ahora han podido sobrevivir, la merma de los salarios nominales que éstas pueden pagar, y la aceleración inflacionaria, explican aquella alarmante depauperación que los venezolanos están sufriendo.
La reversión de ese perverso proceso no es tarea fácil. Para ello se requiere como condición de base un cambio radical en la política económica y social, significando esto, entre otras cosas, la implantación de una serie de programas sociales efectivos, en los que participen no sólo el Estado, sino también otras instituciones como la empresa privada, la iglesia y las comunidades de vecinos. Sin embargo, si bien esto contribuiría a aliviar la pesada carga de la miseria que a tantos afecta, no está allí la solución permanente del problema. Para ello es necesaria la creación de múltiples fuentes de trabajo estables y con remuneraciones aceptables. Eso implica, además de estabilidad de precios, ingentes inversiones, tanto pública como privada, para lo cual hay que crear los incentivos y las condiciones para que éstas se materialicen, entre ellos, instituciones sólidas que garanticen la existencia de un estado de derecho, abundantes fuentes de financiamiento para la inversión, y un Estado eficiente y dedicado a lo que le corresponde.
Como se ve, las tareas a afrontar son múltiples, complejas y urgentes, requiriéndose de un Estado moderno y comprometido con el cambio de rumbo, que lidere el proceso y logre que el resto de la sociedad actúe activamente y en consonancia con los objetivos buscados.