Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Febrero de 1999
La votación del 6 de diciembre ratificó el deseo, o mejor, el mandato de la inmensa mayoría de los venezolanos de un cambio profundo de lo económico, lo social y lo político. De allí las grandes expectativas que se han creado en torno a la gestión del gobierno que recién se inicia.
En lo político Chávez tiene una amplia capacidad de acción, ya que la Constituyente, además de ser el escenario donde se podría gestar aquel deseado cambio, generará un debate en el que participaremos todos, dándonos la sensación, por lo menos, de que la realidad política está en un franco proceso de modificación. Adicionalmente, las acciones concretas para atacar el problema de la corrupción podrán producirle al nuevo gobierno dividendos de popularidad que lo fortalecerán aún más políticamente.
Sin embargo, los cambios en lo social y en lo económico serán mucho más complejos de lograr, particularmente en la situación de grandes desequilibrios económicos, profundización de la pobreza y estrechez fiscal que padecemos. Simplemente, el gobierno no contará con recursos suficientes para manejar esos graves problemas en un período perentorio, por lo que se hace imperativo que la nueva administración tome conciencia, por una parte, de las grandes limitaciones con que tendrá que gobernar y, por la otra, de la impostergable necesidad de definir el nuevo papel que le tocará jugar al Estado en ese proceso de cambio. Como ya lo hemos dicho en múltiples oportunidades, ese papel será de importancia capital pero no de carácter exclusivo ni de protagonismo. Si bien recaerá sobre los hombros del Estado la responsabilidad de definir la orientación de ese proceso de cambio y de liderarlo, los distintos integrantes de la sociedad civil también tendrán que jugar papeles fundamentales en el mismo. De allí la necesidad de que los que lideran los distintos poderes públicos tomen conciencia acerca de la importancia de las decisiones que se tomen y de su orientación, pues de ello dependerá el establecimiento de las reglas de juego por la que se regirá el proceso de cambio, y el grado de compromiso y de participación de los distintos miembros de la sociedad civil en su implementación.
Por ello me preocupan las múltiples manifestaciones de autoritarismo e injerencia de poderes que hemos presenciado recientemente, así como los anuncios inconsistentes acerca de la orientación que se le dará a cuestiones clave en materia de política fiscal y económica. Las incertidumbres e inquietudes que causan esas declaraciones no contribuyen a crear el clima más propicio para que los miembros de la sociedad civil se decidan a actuar conjuntamente con el Estado en la materialización del cambio que más dividendos y bienestar genere a la población, revirtiendo el perverso proceso de empobrecimiento que hemos sufrido en las últimas décadas.
En materia de política económica y social resulta inquietante ver la inconsistencia y total divorcio que hay en varias declaraciones oficiales con la dramática realidad fiscal que se vive. Múltiples son ejemplos que podríamos usar para ilustrar lo que quiero decir, pero por razones de espacio me limitaré a citar uno de ellos. Me refiero al de la intensión del nuevo gobierno de preservar la gratuidad de la educación superior, y su compromiso de aprobar las asignaciones presupuestarias que se requieran para asegurar la satisfacción de las necesidades financieras de las universidades nacionales. Según declaraciones de altos voceros del Ejecutivo, ese objetivo no impedirá el logro de otra meta fundamental, y con la que estamos en pleno acuerdo, como es la atención prioritaria y plena de la educación básica, para lo cual también se asignarán todos los recursos necesarios. Creo no equivocarme al decir que estas declaraciones no pasarán de ser una simple manifestación de buenas pero incumplibles intensiones, ya que el Estado no contará con los recursos para su realización. Ojalá que no sigamos presenciando el bochorno y absurdo del pasado cuando, las universidades nacionales absorbían un alto porcentaje del presupuesto de educación en desmedro de otras instancias educativas, como la básica y la técnica media, sin que, salvo honrosas excepciones, los estudiantes, investigadores, profesores y otros miembros de las comunidades universitarias se sintieran obligados a cumplir desempeños cónsonos con los estándares internacionalmente, ni a hacer esfuerzos propios para generar parte de los recursos que necesitan para su funcionamiento. Igualmente, no tendría sentido preservar el esquema de educación gratuita sin discriminación, que hoy hace que millares de estudiantes que pueden pagar por sus estudios se formen en nuestras universidades a costas del Estado, limitando así las posibilidades educativas a millares de otros venezolanos por falta de recursos fiscales.
El nuevo gobierno tiene que ser realista, tomando conciencia de las severas limitaciones que tiene, optimando el uso de los escasos recursos con que cuenta, reestructurándose con el fin de limitar su rango de acciones y tareas, y creando las condiciones propicias para que todos los miembros de la sociedad civil desempeñen los papeles que les corresponderá jugar en el nuevo proceso de desarrollo económico social y político que tenemos que acometer.