Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Sábado 3 de septiembre de 2005
En un reciente artículo, Joseph Stiglitz plantea una serie de ideas sobre derechos de propiedad intelectual (DPI) con las que coincido plenamente. Según él, el régimen de DPI apropiado para los países en desarrollo difiere del que es adecuado para las naciones más industrializadas. En estas últimas, por ejemplo, se justifica que un laboratorio que haya desarrollado un nuevo fármaco después de una prolongada y riesgosa investigación, pueda patentarlo y producirlo en forma exclusiva por un tiempo, vendiéndolo a un precio substancialmente mayor a su costo de producción, pues sólo así podrá recuperar la cuantiosa inversión en que incurrió. Sin embargo, no se puede pretender imponer esos precios a naciones más pobres, donde la gran mayoría de sus pobladores tiene una capacidad de compra precaria, particularmente si el producto en cuestión es vital para la preservación de la salud.
En un extraordinario informe elaborado en el año 2003 por la Comisión sobre Derechos de la Propiedad Intelectual, creada por el gobierno británico, se plantea que los derechos humanos fundamentales no pueden estar subordinados a los DPI. No puede ser que los altos precios de productos esenciales debidos a DPI pongan en riesgo la vida de los más desposeídos en muchos países en desarrollo. De allí la necesidad de buscar mecanismos para facilitar a las naciones menos avanzadas el acceso a medicamentos con costos más bajos, sin violar los DPI, aspecto que se discutió en la reunión de Doha de la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Sin embargo, la tarea no es fácil.
Por ejemplo, ¿cómo lograr un mecanismo de precios diferenciados según el cual, el valor de los medicamentos patentados sea mucho menor en los países en desarrollo, sin que se filtren éstos a las naciones industrializadas? No basta con que los países más avanzados prohíban la importación y venta local de esos productos procedentes de las naciones en desarrollo, sino que es necesario que los gobiernos de estas últimas se comprometan a implantar mecanismos que, entre otras cosas, minimicen el contrabando de extracción.
Los retos son complejos y múltiples, pero inevitablemente tienen que afrontarse en forma realista y pragmática. La pretensión de imposición de términos de los más poderosos sobre los más débiles sólo llevará a la violación sistemática de los DPI en el mundo en desarrollo, no beneficiando esto a nadie.