Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Viernes 13 de marzo de 1998
Lo que tenemos planteado en Venezuela es un cambio profundo del sistema en que vivimos. La estructura de las últimas cuatro décadas simplemente colapsó, siendo indispensable cambiarla por una que se adapte a las nuevas realidades, objetivos y estrategias a seguir. El papel paternalista y dadivoso del Estado rico y omnipotente es cuestión del pasado, ya que aun cuando éste seguirá siendo el usufructuario de la cuantiosa y creciente renta petrolera de los años por venir, no dispondrá de los recursos suficientes con qué seguir jugando aquel papel. Pensar que ese Estado podrá seguir arrogándose en forma casi exclusiva la responsabilidad de dotar a la población de educación y de asistencia sanitaria gratuita y eficiente, y simultáneamente ser abanderado del desarrollo de proyectos de inversión que sirvan de locomoción de la economía, es simplemente una utopía.
De allí la necesidad de reestructurar al Estado con el fin de redimensionarlo y de definirle sus nuevas responsabilidades y prioridades. Tenemos que contar con un Estado fuerte y eficiente, que cumpla sus funciones efectivamente, pero que se circunscriba a las tareas que le corresponde, a saber: defensa y seguridad, administración de justicia, supervisión, construcción y mantenimiento de infraestructura, salud y educación, estas tres últimas en conjunción con el sector no gubernamental. En consecuencia, no sólo basta con deslastrar al sector público de una serie de organizaciones, actividades y recursos que no le corresponden, sino que también es necesario realizar esfuerzos orientados a mejorar la eficiencia del gasto y de los servicios que presta el Estado.
Ello exige el establecimiento de una serie de condiciones básicas, entre ellas: 1- eliminación de la gratuidad de la educación universitaria, dejando opciones de financiamiento para los que no dispongan de recursos; 2- establecimiento de estándares de desempeño que sean permanentemente supervisados y evaluados, premiándose la excelencia y penalizándose la desidia y la incompetencia; 3- definición de las reglas de juego y de las normativas que regirán las actividades álgidas del sector privado, como la bancaria, la de seguros, la de compra-venta de valores y algunas otras, y su efectiva y eficiente supervisión; 4- implementación permanente de programas de capacitación y de mejoramiento profesional para el depurado personal de la administración pública, y establecimiento de un sistema de remuneración atractivo, condiciones ambas para el logro de la elevación de la majestad del cargo público. Estas son tan solo algunas de las condiciones que tienen que darse para disponer de un Estado eficiente, que haga las contribuciones debidas al proceso de desarrollo, y que aúne esfuerzos con el resto de la sociedad para la consecución de sus objetivos de largo plazo.
Por su parte, el sector privado, definido como el bloque social distinto al sector público, también tendrá un papel preponderante que jugar. El consumo y la inversión privados tienen que transformarse en el factor locomotor de la actividad económica, por lo que es crítico crear las condiciones propicias para que estas variables de demanda experimenten el dinamismo deseado. En tal sentido, es fundamental establecer reglas de juego claras y perdurables para la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y las condiciones externas para que ésta se materialice. Si bien éstas son decisiones a riesgo, es importante definir cuestiones clave para los inversionistas, tales como la estructura impositiva a la que estarían sometidos, las posibilidades de dirimir controversias con el Estado o con socios privados a través de mecanismos de arbitraje, contar con incentivos similares a los que pueden obtenerse en otros países, tratos no discriminatorios, etc.
Adicionalmente, para que aquel dinamismo en la demanda se dé, es necesario que existan las fuentes de financiamiento requeridas, por lo que es fundamental desarrollar un sistema financiero sólido, ágil, seguro y diversificado, que incentive el ahorro de la población, y a la vez satisfaga sus necesidades de crédito, cumpliendo así cabalmente la función de intermediación financiera. En este sentido, se hace indispensable la creación y desarrollo de los fondos de pensión, instrumentos a través de los cuales ahorra el sector laboral para asegurarse retiros dignos y seguros. La experiencia indica que los recursos que llegan a manejar estos fondos son de grandes proporciones, transformándose rápidamente en la principal fuente de financiamiento, no sólo de los proyectos de inversión del sector privado, sino también de algunas erogaciones del sector público.
Curiosamente, son los ahorros de los trabajadores los que pasan a ser la principal fuente de financiamiento de las inversiones del sector empresarial, produciéndose así una redefinición de la relación de estos dos sectores. De hecho, paralelo a la típica relación obrero-patronal, tradicionalmente conflictiva, se desarrolla una nueva relación de complementariedad y mutuo interés entre estos dos grupos, como es la de financiero e inversionista. Este es otro ejemplo del cambio de papeles que le tocará jugar a los diferentes grupos sociales en la nueva Venezuela que nos tocará vivir.
Imagen: creandonegocios.com