Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Jueves 17 de noviembre de 2016
Cuando una economía sufre una alta inflación, una de las variables que estudian los economistas para determinar las causas de ese mal es el comportamiento de las finanzas públicas. Eso se debe a que si un gobierno gasta más de lo que le ingresa y, en consecuencia, incurre en déficit, lo que hace es inyectar al público más recursos a través del gasto de los que substrae vía el cobro de impuestos, generándose una expansión de la oferta monetaria que, de ser muy elevada y persistente, genera inflación por la vía del estímulo de demanda. De hecho, hay quienes piensan que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, por lo que sostienen que, si se quiere evitar ese mal, lo que hay que hacer es controlar estrictamente la cantidad de medios de pago en la economía y limitar su ritmo de expansión. Si bien coincido con el criterio de que un aumento desproporcionado de la cantidad de dinero en poder del público genera inflación, creo que entre las causas que originan ese mal, además del monetario, hay muchas otras que coadyuvan a su materialización y agravamiento. Esto es particularmente cierto en Venezuela, donde últimamente un conjunto de fenómenos se han conjugado para generar la galopante inflación que estamos padeciendo. Las severas restricciones de oferta de bienes y servicios producidas por el acoso permanente del gobierno a la empresa privada, la ausencia de inversión que atenta contra la eficiencia y la productividad de los centros de producción, la imposibilidad de acceder a las divisas para importar los insumos requeridos, los desproporcionados controles de precios que condenarían a muchos a trabajar a pérdida, los aumentos compulsivos de salarios, la destrucción sistemática del aparato productivo privado a través de las expropiaciones y las expoliaciones de empresas, la supina ineficiencia productiva de las empresas manejadas por el sector público, y el alto precio de las escasas divisas disponibles, han contribuido a crear una crónica situación de altos costos, escasez y desabastecimiento, y presionado los precios al alza.
Pero, volviendo a las causas monetarias, en las últimas semanas se ha visto el resurgimiento de un fenómeno que ha sido uno de los principales causantes de la inflación galopante existente, como también lo fue en varios países latinoamericanos que, en décadas pasadas, padecieron procesos inflacionarios muy agudos, incluso varios de ellos peores a los que hoy tenemos en Venezuela. Me refiero al financiamiento irrestricto de gasto público deficitario por el BCV. En efecto, dadas las limitaciones de ingresos públicos debido a la mermada renta petrolera y al mantenimiento de tipos de cambio oficiales absurdos, un organismo como Pdvsa ha tenido que endeudarse masivamente para financiar los enormes déficits en que incurre, dados los elevados desembolsos que le ha impuesto el gobierno para cubrir programas sociales ajenos a su actividad central, siendo el BCV su gran prestamista. En efecto, la deuda neta de Pdvsa con el instituto emisor ha crecido de forma desproporcionada durante los últimos tiempos, al punto de que durante las dos últimas semanas de octubre la misma creció 34%, llegando a la astronómica suma de 3,2 billones de bolívares (millones de millones). Eso no es otra cosa que la creación masiva de dinero sin respaldo por parte del BCV, adentrándose esa institución en la más perversa y dañina práctica de política monetaria que se aplicó en otras economías latinoamericanas en décadas pasadas, y que tantos estragos inflacionarios causó. Adicionalmente, esa creación desproporcionada de dinero por el instituto emisor ha contribuido a disparar el tipo de cambio libre, agravando aún más el fenómeno inflacionario, ya que, inevitablemente, esa tiende a ser la tasa cambiaria de referencia para el establecimiento de los precios. De continuar las cosas así, nada bueno nos depara el futuro en materia económica.