Publicado en el diario “El Economista” de Madrid, España.
Sábado 26 de enero de 2019
En estos momentos Venezuela atraviesa por una profunda crisis política, económica, social e institucional, que se ha venido gestando por más de tres lustros. La eliminación de la independencia de los poderes públicos y su total subordinación al Poder Ejecutivo, que se produjo desde los inicios del chavismo, implicó la suspensión del Estado de Derecho y la imposición de una verdadera dictadura autoritaria, que se ha disfrazado de democracia a través de la celebración de reiteradas elecciones, comúnmente amañadas por una autoridad electoral parcializada. Los abundantes recursos generados por la exportación petrolera permitieron el mantenimiento de un abundante y creciente gasto público, ineficiente y excesivo, a través del cual se implementó una política profundamente populista que le generó a Chávez gran popularidad y aceptación, a pesar del pobre desempeño económico, de la ineficacia administrativa, y de la desmedida corrupción que caracterizó a su gobierno.
Después de la muerte del líder carismático, la situación cambió. La contracción sostenida de los volúmenes de producción petrolera debido al debilitamiento de Pdvsa, la petrolera estatal, como producto del despojo al que fue sometida esa empresa por parte del gobierno, produjo una caída sostenida e intensa de los volúmenes de exportación. Esto, combinado con el desplome de los precios del crudo de 2014 y su ulterior estabilización en niveles muy inferiores a los de los años previos, generó una abrupta merma de los recursos gubernamentales. Esa situación, y la continuidad de implementación de las torpes políticas públicas y acciones del pasado, generaron un caos económico y social, caracterizado por una escasez extrema de productos básicos, por una contracción acumulada de la producción superior al 50% durante los últimos cinco años, y por un dislocado aumento de los precios, hasta llegar a una situación hiperinflacionaria que ha depauperado a la población. Esto ha creado una verdadera crisis humanitaria que ha llevado a millones de venezolanos a emigrar huyendo del caos. Todo lo anterior explica por qué aquel amplio apoyo popular del pasado desapareció, siendo la administración de Maduro ampliamente rechazada.
En diciembre de 2015, y después de haber sido controlada la Asamblea Nacional (AN) por el oficialismo durante tres lustros, la oposición logró obtener una amplia mayoría en esa institución. No obstante, el gobierno ejecutó una serie de maniobras tendentes a neutralizar las acciones del Parlamento. La primera de ellas fue el nombramiento irregular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de que ese tribunal bloqueara las decisiones parlamentarias a través de sentencias judiciales sin fundamento que declaraban inconstitucionales esas decisiones. Ulteriormente, el oficialismo intentó eliminar la AN a través de la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida a través de una elección fraudulenta en las que solo había candidatos del oficialismo. Posteriormente, la ANC convocó una elección presidencial para el período 2019-2025, la cual resultó írrita, ya que, además de ser convocada por una institución ilegítima, se impidió la participación de amplios sectores de la oposición. De allí que se considere que la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato no fue válida, por lo que al vencer su primer período el 10 de enero pasado no existía un presidente electo legítimo que asumiera la primera magistratura. Ante ese vacío institucional, y conforme al principio que se infiere del artículo 233 de la Constitución, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional encargarse de la Presidencia de la República mientras se elige y toma posesión un nuevo presidente.
Esa es la razón por la que Juan Guaidó, en su carácter de presidente de la legítima AN, se juramentó como presidente encargado de la República ante la directiva de ese organismo y en presencia de una enorme concentración de ciudadanos. Esa acción no puede catalogarse como una autoproclamación, sino como la legítima asunción de la primera magistratura con carácter interino, cesando así la usurpación de la presidencia de la República perpetrada por Maduro al juramentarse ante el cuestionado TSJ para un segundo mandato.
Si bien Guaidó tiene el soporte abrumadoramente mayoritario de la población y de la comunidad internacional, aún no cuenta con el indispensable apoyo de la Fuerza Armada, institución que, de acuerdo a los anuncios de su alto mando, aún respalda a Maduro. Sin embargo, está por verse si la institución militar está monolíticamente unida en ese respaldo, ya que es muy probable que una parte del generalato y de la oficialidad media y subalterna, así como la mayoría del personal de tropa no comulgue con esa lealtad, pues ellos, al igual que sus familiares, están padeciendo las mismas penurias y privaciones del resto de la población. Eso pudiera generar un cambio que lleve a que los militares se decidan por la constitucionalidad, dándole el apoyo requerido al gobierno interino de Guaidó. Ojalá así sea. Esperaremos y veremos…