Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Viernes 5 de diciembre de 1997
La figura del Estado paternalista del pasado no es más que eso, cuestión del pasado. Los ingentes recursos que le generó el negocio petrolero al Estado venezolano le permitió a éste jugar aquel papel paternalista que regalaba o subsidiaba todo. Educación, salud, servicios públicos y muchas otras cosas eran provistos gratuitamente o a precios generalmente divorciados de los costos que generaban. No obstante, la caída de los ingresos reales combinada con el aumento substancial de las necesidades de la población ha limitado severamente la capacidad del Estado de seguir jugando aquel papel a pesar de los esfuerzos que se han hecho por diversificar y ampliar sus fuentes de ingreso. Ello explica por qué los servicios públicos se han deteriorado a los niveles actuales, por qué la infraestructura física está colapsada, y por qué el Estado es cada vez más ineficaz.
Hay quienes piensan, sin embargo, que esto está a punto de cambiar, ya que los recursos adicionales que producirá la apertura petrolera será de tales proporciones que le permitirá al Estado volver a jugar aquel papel protagonista del pasado. Yo no coincido con esa apreciación. Ya hemos dicho en este espacio que si bien la apertura petrolera generará un importante incremento de ingresos, los mismos no serán de la magnitud requerida para igualar los niveles reales per cápita alcanzados en años recientes, cuando ya el Estado mostraba limitaciones en su capacidad de gasto. De allí que tengamos que buscar caminos alternativos de desarrollo, en los cuales el sector público seguirá jugando un importantísimo papel, pero sin duda más limitado que en el pasado.
¿Qué hacer entonces? Creo que se hace inaplazable emprender una reestructuración a fondo de nuestra sociedad, buscando con ella que cada uno de sus miembros juegue eficientemente el papel que le corresponde. Para ello hay que acometer reformas profundas que permitan que se dé aquel objetivo. En efecto, es necesario reformar el sistema educativo para que se produzca el recurso humano requerido, así como el sistema judicial para así asegurar el resguardo de los derechos de los miembros de la sociedad y el cumplimiento de la normativa legal. En artículos anteriores he esbozado algunas ideas acerca de estos dos grandes esfuerzos que hay que afrontar sin demora.
Adicionalmente, es inaplazable la reforma del Estado, buscando su redimensionamiento y la mayor eficacia de su gestión. Para ello se hace menester deslastrarlo de una serie de organismos y entes que le son una carga, y que causan la distracción de ingentes recursos que se canalizan hacia actividades ineficientes y divorciadas de la razón misma del Estado. De allí la importancia de ahondar en la privatización de múltiples empresas públicas. Con ello, no sólo se logra aquel alivio de carga, sino que también se obtienen ingresos importantes por la venta de los activos, se gana en calidad y eficiencia de esas organizaciones, y se generan nuevos contribuyentes para el fisco. Como parte fundamental de aquella reforma del Estado se hace imperativo mejorar la eficiencia del gasto con el fin de optimar el uso de los recursos financieros con que él cuenta, y concentrar las actividades de éste en las áreas que le son propias, a saber: seguridad y defensa, administración de justicia, supervisión, desarrollo de programas sociales, construcción de infraestructura, educación, salud y mantenimiento de la planta física, estas tres últimas actividades a ser desarrolladas conjuntamente con el sector privado. La estructuración y eficiente implementación de políticas económicas y sociales, y el establecimiento de reglas de juego claras y permanentes por las que se deben regir las actividades de los distintos agentes económicos, son también obligaciones ineludibles del Estado. Como se ve, dentro de la reforma propuesta al Estado le toca jugar un papel fundamental y crítico, pero también enfocado y bien delimitado.
Se hace indispensable ahondar en la reforma de la seguridad social y en el desarrollo de los fondos de pensiones, no solo para asegurar el bienestar de los trabajadores, sino también para garantizar el financiamiento de los proyectos de inversión que, conjuntamente con el consumo privado, servirán de efecto locomotor de la actividad económica en su conjunto. Curiosamente, es el sector laboral el que, a través de los fondos de pensiones, financia las inversiones privadas requeridas para avanzar en el proceso de desarrollo. Los altos rendimientos que se obtienen de esas colocaciones, son los que, a su vez, le aseguran a los trabajadores un retorno atractivo para su ahorro, condición de base para poder disfrutar de un retiro digno y seguro.
Sólo hemos mencionado algunos de los aspectos más relevantes de la gran reforma que tenemos que afrontar. La complejidad y enorme dificultad de la tarea hace dudar a muchos sobre su viabilidad, e incluso lleva al escepticismo. Es común escuchar que los que proponemos esta titánica reforma somos soñadores o gente poco realista, ya que, si tareas mucho menos complejas no progresan, es casi utópico pensar que los que tienen que liderar la gran reforma actuarán. No culpo a los que así piensan, pero no hay que olvidar que las reformas que ya están en marcha se han puesto en marcha por la presión de opinión de muchos que finalmente vencieron los obstáculos y la desidia de los que tenían que actuar para iniciar el proyecto. Por ello hay que crear conciencia en la masa pensante de nuestra sociedad sobre la necesidad del cambio, pues sólo así podremos avanzar y alcanzar esos grandes y ambiciosos objetivos.
Imagen: grandespymes.com.ar.