Publicado en el diario «El Nacional» de Caracas. Jueves 19 de noviembre de 2015
Recientemente el gobierno nacional dictó una serie de providencias y decretos, a través de los cuales se busca profundizar y radicalizar las normas de fijación y control de los precios de los bienes y servicios producidos y comercializados en el país, dictándose un nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, que sustituye al que estaba vigente desde noviembre de 2014.
Obviamente, entre los principales objetivos que se buscan con esta acción, si no el más importante, es poner en marcha una medida populista que genere dividendos políticos en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, tal como se hizo hace dos años en las vísperas de las elecciones municipales de diciembre de 2013, cuando se produjo el fenómeno conocido como el Dakazo, en respuesta a la orden presidencial de reducción forzosa de precios y liquidación total de mercancías, lo cual llevó a la compra masiva de artículos abaratados, e incluso al saqueo de varios comercios, algunas tiendas de la cadena Daka entre ellos.
Ya se han producido una serie de acciones y decisiones relacionadas con la nueva normativa, fijándose unilateralmente por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) los “precios justos” de algunos productos de consumo masivo, que están muy por debajo de los existentes en el mercado; esto ha condenado a múltiples comercios a sufrir severas pérdidas, por estar esos precios decretados muy por debajo de sus costos. Igualmente, se han realizado confiscaciones de mercancías, aduciéndose falsamente acaparamiento por parte de esos establecimientos, acciones que les han generado severos perjuicios, en particular a pequeños comercios que no tienen el músculo financiero para absorber las pérdidas que ello les acarrea.
Es incomprensible como esas decisiones se están tomando, cuando ha quedado demostrado hasta la saciedad que las mismas no son efectivas para lograr los objetivos económicos que, según las autoridades, estas persiguen. Esas normas le dan a funcionarios medios la potestad para establecer caprichosamente los precios de una gama casi ilimitada de bienes y servicios, o sancionar a comercios que, según su criterio, están acaparando mercancías o están especulando. Ello fomenta la corrupción y crea el ambiente propicio para extorsionar, particularmente a pequeños comerciantes o productores, los cuales no cuentan con los medios y las estructuras requeridas para defenderse o protegerse de esas prácticas o acciones indebidas, causándoles grandes daños y perjuicios, que los pueden llevar incluso a la quiebra y al incumplimiento de obligaciones con proveedores y con sus propios trabajadores.
Esas regulaciones y restricciones lo que harán es agravar la escasez y el desabastecimiento que padecemos, fomentando la inflación y el comercio informal (bachaqueo), ya que cada vez será más difícil adquirir los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades de los consumidores en los establecimientos tradicionales, teniendo estos que acudir a los vendedores informales para conseguirlos, pero a precios muy superiores a los fijados o impuestos por las autoridades.
Según el gobierno, lo que se busca con esos controles y castigos desproporcionados es proteger el salario y los derechos socioeconómicos del pueblo, así como salvaguardar la economía nacional y asegurar el pleno abastecimiento y los precios justos a toda la población. Nada más alejado de la realidad. Lo que se obtendrá con esas decisiones y acciones es mayor escasez, inflación, pobreza y menores posibilidades de empleo.
Como ya se dijo, lo que realmente se persigue es crear una ilusión de que el gobierno está actuando para proteger a los más desposeídos de la especulación y la explotación, para así obtener dividendos políticos en la próxima elección. Costosa forma de ganar votos, ¿no?
Nota: Imagen tomada de Cedice.org.ve