Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Lunes 5 de julio de 2010
Hay una creencia muy generalizada de que la corrupción crea pobreza, no siendo casualidad que los países más corruptos son también los más pobres del orbe. Pero, ¿cómo se interrelacionan estas dos variables? Buena parte de los estudios especializados en la materia concluyen que la corrupción no produce pobreza en forma directa, pero sí contribuye a agravarla en forma indirecta. Así, la corrupción limita las posibilidades de crecimiento económico, ya que desincentiva la inversión y desvirtúa la composición y calidad del gasto público, dándosele prioridad a las erogaciones que mayores beneficios le generan a los corrompidos funcionarios, sin importar en qué se gasta y cuáles son los resultados de esos desembolsos. Esto, obviamente, impide el desarrollo de una infraestructura adecuada, deteriora la calidad de los servicios públicos, reduce la recolección de tributos, y limita las posibilidades de generar empleos permanentes y bien remunerados. En otras palabras, la corrupción impide el crecimiento económico, o produce recesión, lo cual, a su vez, genera pobreza.
Adicionalmente, la corrupción contribuye a deteriorar la distribución del ingreso, ya que cuanto más pobre se es, mayor es el porcentaje del ingreso que se tiene que destinar al pago de sobornos o de impuestos, restringiéndose así la debida y justa progresividad del sistema tributario. Igualmente, limita la efectividad del gasto social y la formación de capital humano, ya que merma la cantidad de recursos que efectivamente se destinan a programas de salud, educación, deporte, cultura y esparcimiento, y reduce la eficacia de esas erogaciones. Esto desmejora la calidad de vida de la población, y limita las posibilidades de superación social y económica de los más desposeídos.
Otra consecuencia de la corrupción es el deterioro de la calidad de gobierno. La deficiente administración de justicia producto de la ausencia de un Estado de Derecho, la aprobación de leyes o la imposición de decretos que benefician a los funcionarios públicos o a una determinada agrupación política en detrimento de los intereses de la población, la inexistencia de independencia de los poderes públicos, y la ausencia de controles eficientes que aseguren el buen manejo de los recursos públicos, afectan a la sociedad en su conjunto. Esto hace que los ciudadanos perciban que el sistema social que existente es injusto y poco equitativo, desincentivándolos a participar en actividades económicas, políticas o comunitarias, lo cual agrava la pobreza.
Por todo lo anterior puede afirmarse que la lucha contra la corrupción es una condición de base para poder aspirar tener éxito en la implementación de estrategias que tengan como objetivo el abatimiento permanente de la pobreza. Preocupa, entonces, ver la corrupción que impera en nuestro país, y la poca conciencia que existe entre nuestros compatriotas acerca de la relevancia y gravedad de ese flagelo. No es posible que sigamos siendo indiferentes ante hechos tan graves como el caso del maletín y de los negocios turbios que hoy se denuncian en Argentina; o la pérdida de cientos de miles de toneladas de alimentos importados por entes públicos, cuyos directivos ni se dignan a dar explicaciones; o que aceptemos pasivamente que se gasten decenas de millardos de dólares de forma extrapresupuestaria, sin que nadie rinda cuentas y no se apliquen los controles de rigor. Si queremos avanzar en el objetivo de reducir la pobreza, es necesario combatir la corrupción con decisión y perseverancia.