Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Martes 4 de septiembre de 2007
Preocupa el planteamiento de eliminación de la autonomía del BCV incluido en la propuesta de reforma de la Constitución presentada por el Presidente. Si bien de esa autonomía queda muy poco, su eliminación taxativa en la carta magna es alarmante, ya que, además de violar una de las reglas fundamentales del buen manejo económico, es una clara indicación de las intenciones del presidente de tomar pleno control de esa institución, forzándola a ejecutar acciones alineadas con los intereses y prioridades del Ejecutivo.
Algunos opinan que eso no tiene nada de malo, en primer término, porque el BCV no puede ser un organismo que tenga la potestad de no actuar en línea con los intereses del país y, en segundo término, porque lo que se busca es asegurar que la política monetaria y el manejo de las reservas internacionales estén en consonancia con la política económica implementada por el gobierno, que persigue como objetivo central la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Éstas, sin embargo, son verdades a medias, porque si bien no hay por qué dudar de las buenas intenciones del Ejecutivo, tampoco hay por qué concluir que si el BCV se niega a ejecutar algunas acciones que le demanda el gobierno, ello es ponerse de espaldas a los intereses nacionales. En décadas pasadas múltiples países latinoamericanos padecieron fenómenos inflacionarios de gravedad, no siendo inusual la materialización de aumentos anuales de precios superiores al 1000%. Esto se debía en gran medida al financiamiento irrestricto de gasto público deficitario por parte de los bancos centrales que, al no ser autónomos, eran conminados a adquirir obligaciones gubernamentales en cantidades muy altas y cada vez mayores para financiar déficits públicos recurrentes y crecientes.
Esto producía crecimientos desmedidos de la oferta monetaria que, a su vez, estimulaban la demanda interna. Al no contar esos países con aparatos productivos desarrollados que pudieran incrementar la oferta al ritmo que lo hacía la demanda, y no poder complementar esa deficiencia productiva con importaciones por no disponer de las divisas necesarias, aquella expansión del consumo generaba presiones inflacionarias cada vez más intensas, con efectos nocivos para la población.
Por ello es fundamental que los bancos centrales tengan la potestad de negarse a financiar gasto público deficitario, pues ello impide que esas organizaciones tengan éxito en el logro de uno de sus objetivos fundamentales, cual es el control de la inflación. Aun cuando las necesidades básicas de la población puedan justificar el aumento de las erogaciones fiscales, incluso hasta niveles que generen déficits, los mismos deben ser financiados con ahorros gubernamentales previamente acumulados, o con endeudamiento interno o externo. En lo que no se puede caer es en la monetización de esos déficits a través de su financiamiento por los bancos centrales, máxime cuando los mismos se hacen recurrentes y crecientes.
Otro aspecto relacionado con la propuesta de reforma constitucional se refiere al control del presidente sobre las reservas internacionales, estableciendo que las reservas excedentarias pasarían a financiar gasto público, por lo que no sería de extrañar que en un escenario de apremio fiscal las reservas en poder del BCV se ubiquen en niveles muy bajos, aumentando la vulnerabilidad de la economía. Dada la alta dependencia que tenemos de un negocio tan volátil como el petrolero, la experiencia ha enseñado que las reservas internacionales deben ser elevadas y que, además, buena parte de los ingresos adicionales de los buenos años petroleros deben ahorrase en un fondo de estabilización, en vez de destinarse a financiar un gasto público desbocado.
Parece que la intención de la reforma sobre esta materia no está en línea con esa recomendación de prudencia y comedimiento, sino más bien con un escenario de alta vulnerabilidad que tarde o temprano nos llevaría a padecer una elevada y creciente inflación.