Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. 2 de julio de 1999
En recientes declaraciones, el ministro del Trabajo ha hecho reiterados pronunciamientos en contra de la medida tomada a mediados de 1997 de eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales, debiéndose inferir de esas declaraciones que la actual administración está considerando restituir aquella retroactividad. De ser este el caso se cometería un grave error, cuyas principales víctimas serían precisamente los trabajadores a quienes se pretende beneficiar con una acción de este tipo.
La razón por la que digo esto se basa en el penoso proceso de empobrecimiento que sufrieron los venezolanos durante los últimos años, en parte debido al esquema de prestaciones sociales retroactivas y acumulativas vigentes hasta hace unos pocos meses. Paso a explicar por qué llego a esa conclusión.
Ese mecanismo funcionó muy bien durante varias décadas, cuando la inflación que se padecía en Venezuela era de las más bajas del mundo. En esa oportunidad incrementos anuales de salarios de 4% o 5% eran considerados aceptables, ya que los mismos no sólo compensaban la inflación de 1,5% o 2%, sino que adicionalmente generaban un incremento del poder adquisitivo del trabajador. Entonces se hacía perfectamente manejable la retroactividad y acumulación de las prestaciones, ya que el incremento anual de los pasivos laborales de las empresas por este concepto era razonable, y por lo tanto absorbible sin mayores consecuencias.
Sin embargo, el sostenido proceso inflacionario de los últimos 25 años hizo que rápidamente aquel esquema perdiera vigencia y dejara de ser operativo. Después de padecerse una inflación anual promedio de 7% en la segunda mitad de los años 70 y de 13% en la primera mitad de los 80, en los últimos 12 años los precios a nivel de consumidor han aumentado en promedio un 48% por año, observándose picos superiores al 80% y al 100% en 1989 y 1996 respectivamente. Si durante ese lapso los salarios hubiesen aumentado a un ritmo similar al de los precios, los pasivos laborales por concepto de prestaciones sociales habrían alcanzado unos niveles astronómicos, no sólo a nivel de las empresas privadas sino también del sector público, ya que aquellas prestaciones se calculaban en base al último salario percibido. La situación se habría agravado aún más por el mandato legal de pagar intereses sobre los saldos deudores de las prestaciones acumuladas, y por la práctica cada vez más generalizada de las prestaciones dobles. Esto habría llevado a la quiebra a múltiples empresas, generándose un desempleo masivo y un estímulo notable al florecimiento de la economía en cubierto, donde los trabajadores estarían en total desprevención.
Lo anterior explica por qué durante los últimos años los ajustes salariales se divorciaron totalmente de la inflación, produciéndose una situación que gráficamente la podríamos describir como una donde los salarios subían por la escalera mientras que los precios lo hacían por el ascensor. Esto, obviamente, produjo una caída dramática del salario real que no pudo ser compensada por los múltiples artificios de complementación salarial, tales como cupones de consumo, bonos de todo tipo, cestas de productos básicos y muchos otros que entonces se pusieron en práctica.
De allí la inaplazable necesidad de substituir aquel esquema caduco e inoperante de las prestaciones sociales acumulativas y retroactivas que efectos tan devastadores estaba causando, particularmente sobre la masa laboral. Finalmente, aunque en forma muy tardía, se tomó la decisión en 1998.
Restituir la retroactividad de las prestaciones sociales sería un error descomunal, ya que una decisión de este tipo, además de causar efectos muy adversos sobre las finanzas públicas y sobre las empresas que sinceraron los salarios de sus trabajadores después de eliminarse aquella retroactividad, a quien más afectaría sería a la golpeada y empobrecida masa laboral venezolana.
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