Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Sábado 6 de agosto de 2005
El colapso de varias de las más importantes carreteras del país que hemos sufrido en las últimas semanas, y el riesgo cada vez más inminente de que la autopista que comunica a Caracas con el litoral central corra igual suerte, no es más que el producto de la desidia gubernamental, caracterizada por un abandono irresponsable del mantenimiento de la red vial nacional. Si bien este no es un problema nuevo, no creo exagerar al decir que el mismo se ha agravado notablemente en los últimos años.
El desarrollo de la infraestructura requerida para el normal desenvolvimiento de la economía y para el logro de un sostenido crecimiento, no sólo implica la realización de cuantiosas inversiones para su construcción y dotación, sino también la aplicación de un plan de preservación de la misma, con el fin de asegurar su funcionalidad y operatividad por períodos prolongados. No hacerlo implica el acortamiento de la vida útil de las obras públicas y la interrupción de los servicios de manera más frecuente, generando esto altos costos y molestias a la colectividad, así como la necesidad de hacer cuantiosas erogaciones en reparaciones de emergencia y nuevas inversiones.
Si bien estos programas de mantenimiento no son responsabilidad exclusiva de los gobiernos centrales, el papel que a éstos les toca jugar es esencial, ya que son ellos quienes deben liderar su elaboración, programación e implementación. Es a los gobernantes nacionales a quienes les corresponde, entre otras cosas: impulsar las reformas legislativas necesarias; crear y fortalecer el aparato institucional requerido, fomentando la descentralización y asegurando el financiamiento, la autonomía y la capacidad de acción de las organizaciones responsables del mantenimiento de la infraestructura, tanto a nivel nacional como regional; asegurar el desarrollo del recurso humano idóneo; estimular la participación activa y coordinada de organizaciones no gubernamentales y agrupaciones comunitarias; promover y controlar el desarrollo de estándares y prácticas; y, aplicar procesos presupuestarios y de regulación que aseguren la generación y el uso eficiente de los recursos necesarios.
¡Cuán distante estamos de la aplicación de estas normas y recomendaciones! Ojalá que el caos vial que estamos padeciendo lleve a las autoridades a tomar conciencia de sus responsabilidades en materia de mantenimiento y, finalmente, actúen en consecuencia.
Imagen: dichoyhecho.com.ve