Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Sábado 1 de octubre de 2005
Creo que el Estado debe jugar un rol protagónico en el proceso de desarrollo integral de una sociedad, particularmente en un país emergente y poco diversificado económicamente, como Venezuela.
Es el Estado el que debe liderar el proceso de definición de la estrategia a seguir para lograr el progreso y la maximización de bienestar del colectivo, no a través de la imposición forzosa del gobernante de turno, sino mediante la consulta y la búsqueda de consenso con el resto de la sociedad. Definidos la estrategia y el plan de acción, tiene que velar por su correcta implementación en el tiempo, para asegurar que todos los miembros de la sociedad jueguen el papel que les corresponde en un clima de libertad económica y justicia social, pues sólo así se lograrán alcanzar los objetivos buscados.
En este contexto, tiene que definir reglas de juego claras y permanentes y asegurar su correcta implementación, para lo cual es fundamental la división e independencia de los poderes públicos y, sobre todo, la existencia de un sistema judicial autónomo que asegure la preservación del estado de derecho. También es su responsabilidad la seguridad ciudadana, la defensa del territorio, y la preservación de la justicia social, para lo cual se requiere que, en forma compartida con la sociedad civil, dé primera prioridad a la salud y a la educación. Debe ofrecer un sistema de seguridad social eficiente que le asegure asistencia a los más desposeídos e incapacitados, pero que también le permita a los trabajadores asegurar una vida digna después del retiro, a través del ahorro sistemático durante su vida productiva en fondos de pensiones que inviertan eficientemente esos recursos.
Adicionalmente, el Estado, en conjunción con la sociedad civil, debe desarrollar y mantener la infraestructura física, y crear las condiciones para el florecimiento de la inversión privada generadora de empleo. Para ello, debe fomentar la ampliación de los mercados a través de procesos de integración, la sana competencia, la acción social de la empresa y la libertad económica, evitando que ésta atente contra la justicia social, genere daños al ambiente, o permita prácticas de competencia desleal.
En síntesis, el papel fundamental del Estado es orientar, unificar y velar por los derechos y el bienestar de todos, soslayando el autoritarismo, la arbitrariedad, la violación de derechos y el fomento de odio de clases.