Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Sábado 24 de agosto de 2002
Uno de los argumentos más utilizados en Venezuela para justificar cualquier aumento impositivo, o la creación de un nuevo tributo, es que los venezolanos pagamos muy pocos impuestos. De hecho, la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta a personas naturales es una de las más bajas del mundo, equivaliendo ésta a tan sólo una fracción de punto porcentual del PIB. Dado que la tributación petrolera es cada vez más limitada, incluso en los años de altos precios, como el actual, en cualquier reforma fiscal que busque sanear y sincerar las finanzas del Estado, el incremento de la recaudación de otros impuestos tiene que jugar un papel importante. Esto ha llevado a muchos técnicos a concluir que los ajustes que se están haciendo a algunos tributos como el IVA y el IDB se justifican plenamente. Sin embargo, creo que esto hay que estudiarlo con más cuidado.
Cuando se produce una depreciación abrupta, como la que ha sufrido el bolívar en los últimos meses, se genera un efecto de transferencia de recursos del sector comprador de moneda extranjera, quien tiene que adquirirla a mayor precio, al sector vendedor, quien recibe más por las divisas que vende. Debido a que en Venezuela el gran generador de dólares es el sector público, dada su condición de exportador de petróleo, mientras que el gran comprador es el sector privado, el cambio abrupto del tipo de cambio genera aquel efecto de transferencia; pero en este caso se produce un fenómeno particular, ya que ese traspaso equivale a un nuevo tributo indirecto, llamémoslo el “impuesto cambiario”, el cual lo terminamos pagando todos. De hecho, el encarecimiento de los dólares significa mayores costos de producción que, al transferirse a los precios de los bienes y servicios que adquirimos, merman la capacidad de compra del ingreso de los venezolanos, reduciéndose así la demanda, y con ella la producción. Esto, a su vez, significa menores posibilidades de empleo, quiebra de empresas y recesión.
Si simultáneamente se aumentan otros impuestos indirectos regresivos, como el IVA y el IDB, y se reducen las exoneraciones, es obvio que ello potencia aún más los efectos recesivos y de inflación en cascada que conlleva la devaluación y el consecuente mayor impuesto cambiario, siendo los estratos de menores ingresos los que más contundentemente sufren las cargas tributarias adicionales.
Una vez más, hemos perdido mucho tiempo y avanzado poco en el proceso de mejorar la recaudación de los impuestos directos, particularmente los que pechan a las personas naturales, de reducir los ilícitos aduaneros, de mejorar la eficiencia del gasto público y, en general, de progresar en la necesaria reforma fiscal. De haber acometido efectivamente esa reforma, en estos momentos no estaríamos acudiendo a la implementación de ajustes tributarios eficaces y relativamente fáciles de manejar, pero también altamente regresivos y nocivos para la población, particularmente para los segmentos más pobres, que son los que, sin duda, sobrellevarán la mayor carga.