Publicado en el diario \u201cEl Nacional\u201d de Caracas. Jueves 7 de abril de 2016<\/p>\n
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Durante las \u00faltimas semanas hemos visto reiteradas manifestaciones de bloqueo por parte del Tribunal Supremo de Justicia a cualquier decisi\u00f3n de la Asamblea Nacional que, a juicio del oficialismo, afecte o choque con los intereses del gobierno. Tal fue el caso de la anulaci\u00f3n arbitraria de la elecci\u00f3n de los diputados de Amazonas, o la invalidaci\u00f3n de varias leyes aprobadas por el nuevo Parlamento por considerarlas inconstitucionales. El \u00faltimo ejemplo fue la sentencia de la Sala Constitucional que ech\u00f3 por tierra la nueva Ley del BCV, sancionada el 3 de marzo de 2016, la cual pretend\u00eda reformar el absurdo y disparatado decreto N\u00b0 2.179 de reforma parcial de la ley del instituto emisor, dictado por el presidente Maduro el \u00faltimo d\u00eda de vigencia de la m\u00e1s reciente Ley Habilitante.<\/p>\n
Al analizar dicha sentencia se asombra uno por lo banal y poco s\u00f3lida que es. As\u00ed, en la nueva ley, al igual que en la que estuvo vigente hasta hace poco, \u00a0se establec\u00eda que la decisi\u00f3n de remover a cualquier miembro del Directorio la tomar\u00eda la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes de ese cuerpo, despu\u00e9s de cumplirse un procedimiento debidamente sustentado que justificara aquella remoci\u00f3n. Esa norma pretend\u00eda sustituir otra contenida en el decreto de diciembre de 2015, seg\u00fan la cual quien toma la decisi\u00f3n de remoci\u00f3n es el presidente de la Rep\u00fablica. En la sentencia del TSJ\u00a0 se argumenta que la remoci\u00f3n por parte del Parlamento podr\u00eda afectar la autonom\u00eda del instituto emisor, ya que, al no ser el \u00f3rgano competente constitucionalmente para hacer las designaciones, tampoco puede remover a los mencionados funcionarios. Ese punto, sin embargo, no tiene mayor sustento, ya que la autonom\u00eda del BCV est\u00e1 mucho m\u00e1s amenazada si es el presidente de la Rep\u00fablica quien tiene la potestad de remover a cualquier director, en vez de un cuerpo colegiado y plural, como la Asamblea Nacional.<\/p>\n
Dice la sentencia del TSJ que resulta evidente que lo que se pretende con la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional es asegurar por parte de la mayor\u00eda del Parlamento el control pol\u00edtico del BCV, lo cual ri\u00f1e con los preceptos de la Constituci\u00f3n. En consecuencia, rechaza la ley por inconstitucional, y ratifica la vigencia del decreto con rango de ley de diciembre de 2015, permitiendo que el presidente de la Rep\u00fablica decida que el BCV siga financiando gasto p\u00fablico deficitario, supuestamente para evitar un perjuicio al inter\u00e9s p\u00fablico, a pesar de la prohibici\u00f3n expl\u00edcita de la Constituci\u00f3n a ese tipo de pr\u00e1ctica, al establecer en su art\u00edculo 320 que el BCV \u201cno estar\u00e1 subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podr\u00e1 convalidar o financiar pol\u00edticas fiscales deficitarias\u201d. Adicionalmente, y en contravenci\u00f3n con lo establecido en la carta magna, se le permite al primer magistrado ordenarle al instituto emisor suspender la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n, con el fin de preservar la estabilidad econ\u00f3mica de la Naci\u00f3n. Tambi\u00e9n exime a las autoridades del Banco Central a comparecer ante la Asamblea Nacional, a pesar de que el art\u00edculo 319 de la Constituci\u00f3n dice \u201c<\/strong>El Banco Central de Venezuela se regir\u00e1 por el principio de responsabilidad p\u00fablica, a cuyo efecto rendir\u00e1 cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus pol\u00edticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. Tambi\u00e9n rendir\u00e1 informes peri\u00f3dicos sobre el comportamiento de las variables macroecon\u00f3micas del pa\u00eds y sobre los dem\u00e1s asuntos que se le soliciten, e incluir\u00e1n los an\u00e1lisis que permitan su evaluaci\u00f3n. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dar\u00e1 lugar a la remoci\u00f3n del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley\u201d.<\/p>\n Como se ve, son estas sentencias del TSJ las que violan la Constituci\u00f3n, organizaci\u00f3n que lo que hace es defender los intereses del gobierno, en vez de impartir justicia de forma imparcial y en apego a la ley.<\/p>\n Desde la toma de posesi\u00f3n del nueva Asamblea Nacional a comienzos de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia, y en particular su Sala Constitucional, han dictado una serie de sentencias orientadas a invalidar leg\u00edtimos resultados electorales y decisiones o sanciones de la Asamblea Nacional, con el fin de proteger los intereses pol\u00edticos del gobierno, violando flagrantemente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":792,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,11,24],"tags":[183,180,115,182,181],"class_list":["post-790","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos-de-opinion","category-opinion","category-politica","tag-asamblea-nacional","tag-ley-bcv","tag-politica","tag-sala-constitucional","tag-tsj"],"yoast_head":"\nImagen: observacom.org<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"