Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Lunes 1 de agosto de 2011
Creo que el decreto con fuerza de ley de Costos y Precios Justos recientemente aprobado, es inconveniente, inadecuado e inoperante, siendo de esperar que su aplicación genere más perjuicios que beneficios. Esta ley tuvo su origen en el convencimiento gubernamental de que la inflación que padecemos se debe a la especulación, habiendo altos voceros que se atreven a decir que el 80% del aumento de los precios es producto de esa abominable práctica, típica del capitalismo. De allí que surja el convencimiento de que la solución al problema inflacionario se tiene que centrar en el combate a esas abyectas prácticas, para lo cual se creó este instrumento legal que pretende levantar un registro estricto, permanente y detallado de los costos de producción, distribución y comercialización de todas las personas naturales y jurídicas que produzcan, importen o comercialicen bienes o presten servicios, con el fin de establecer los precios justos a los que se podrán vender éstos.
Una primera reacción que genera esta ley es la incredulidad, al pretender el gobierno ejercer esos controles sobre todas las empresas del país y sobre todos los ciudadanos que prestan servicios y que reciben una contraprestación pecuniaria por su intercambio. Ante tan titánica tarea, el alto gobierno decidió limitar en un principio la aplicación de esta ley a los sectores esenciales o estratégicos, tales como el de alimentos, medicamentos y otros, anunciando que se controlarán todos los rubros dentro de esos sectores, incluso aquellos que no están controlados o regulados, estableciéndose unas bandas dentro de las cuales podrán oscilar los precios. A futuro, cualquier modificación, o el establecimiento del precio de un nuevo producto, tiene que contar con la aprobación de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, entidad que después de analizar los costos y la información que suministre la parte interesada, determinará el precio justo del bien o servicio, o permitirá su modificación.
Muy lógico es que nos preguntemos cómo un gobierno que se ha caracterizado por la ineficiencia e incapacidad operativa pretende montar la sofisticada y compleja estructura que se requeriría para darle una viabilidad, aun cuando limitada, a la implementación de esta ley. ¿Dónde están los técnicos y expertos que podrán analizar en forma eficiente las estructuras de costos de los múltiples productos que producen o comercian una infinidad de empresas, con el fin de establecer si esos son los verdaderos costos que éstas tienen, o los que deberían tener? ¿Cómo podrá determinarse los costos razonables de distintas empresas dedicadas a la producción de productos similares cuando unas son más grandes y eficientes que otras? Éstas y otras tantas preguntas no tienen fácil respuesta, pero a lo que llevan es a concluir que la implementación de una norma como la analizada lo que generará es una desproporcionada discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicarla, creándose así el caldo de cultivo para la corrupción, ya que muchas aprobaciones de precios tendrán a su vez precios de muy difícil regulación.
Adicionalmente, ya es conocido que cuanto más severos y generalizados son los controles, lo que florece es la escasez y el desabastecimiento, ya que múltiples empresas serían condenadas a trabajar a pérdida, o con márgenes inapropiados, haciendo que en los distintos eslabones de distribución los productos se vayan por los caminos verdes, haciendo que éstos desaparezcan de los anaqueles de los comercios y sólo se consigan en las ventas ambulantes, pero a unos precios desproporcionadamente elevados.
Por eso creo que una ley tan rígida y punitiva como esta, lejos de resolver o aliviar el problema inflacionario, lo que hará será agravarlo, debido al desincentivo a la inversión que ella causará, y a los problemas de desabastecimiento, escasez y florecimiento del comercio informal, donde los precios regulados brillarán por su ausencia.