Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Sábado 2 de abril de 2005
El reciente anuncio sobre el nivel óptimo de reservas internacionales que debe administrar el Banco Central de Venezuela (BCV), ha avivado el debate sobre qué hacer con los recursos excedentes generados por los altos precios petroleros. Según voceros gubernamentales, el BCV no debe mantener unas reservas superiores a los $ 20 millardos, por lo que hoy sobran más de $ 5 millardos que deben ser utilizados para el financiamiento de gasto público. A tales fines, se está mencionando la modificación de la ley del BCV, o la aprobación de una nueva ley de Reservas Excedentes, con el fin de crear el Fondo Especial de Desarrollo, o ampliar el Fondo Rotatorio, los cuales serían alimentados directamente con recursos de PDVSA. Igualmente, se prepara una modificación a la ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), a los fines de eximir a PDVSA de hacer aportes al mismo, y de limitar las contribuciones del Ejecutivo Nacional a los superávits fiscales de los ejercicios anteriores.
Todo esto genera mucha preocupación, pues de esos anuncios no se infiere otra cosa que la intención del gobierno de continuar la política de franca expansión del gasto público de los últimos años, la cual será insostenible en el tiempo. Se están repitiendo los errores del pasado, cuando se expandían sin medida las erogaciones fiscales durante los años de la bonanza petrolera, para luego sufrir las penurias creadas por la escasez de recursos en los períodos de bajos precios.
Por eso, múltiples economistas insistimos por muchos años en la necesidad de crear un FEM permanente, donde se ahorrara buena parte de los recursos excedentes de los buenos años, para así poder compensar los menores ingresos de los períodos de debilidad petrolera. Pues bien, hoy más que nunca ese sano consejo debe ser escuchado y llevado a la práctica.
Incluso, si creemos en el escenario de que los precios petroleros no volverán a colapsar en el futuro previsible, su simple estabilización causaría una difícil situación fiscal, ya que la continuidad de la expansión del gasto público al ritmo actual sólo se podría lograr con la generación artificial de recursos por la vía de devaluaciones más intensas, o a través del financiamiento del creciente déficit por el BCV a través de la adquisición irrestricta de obligaciones del Estado. Cualquiera de esas dos alternativas no traería otra consecuencia que inflación y depauperación.
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