Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Viernes 19 de noviembre de 1999
Los compromisos sociales del Estado consagrados en la nueva constitución, si bien puede responder a las mejores intenciones de los asambleístas que los aprobaron o del presidente Chávez, simplemente son económicamente inviables. Por ello su implementación no sólo acarreará severas distorsiones de carácter fiscal y financiero, sino también presiones de tipo social y político.
Múltiples han sido las alertas de variados expertos acerca de los costos que tendrá que afrontar el fisco al momento de implantarlos, equivaliendo las erogaciones correspondientes a un porcentaje desproporcionadamente elevado del PIB. Más aún, los compromisos de gasto por este concepto aumentarán en el tiempo a un acelerado ritmo, máxime si, como es de esperar, la inflación se mantiene elevada y el bolívar continúa sobrevaluado. Lo anterior lleva a pensar que los próximos ejercicios fiscales serán cada vez más deficitarios, haciendo que las necesidades de endeudamiento crezcan rápidamente, generando esto presiones alcistas sobre las tasas de interés internas, y condiciones cada vez menos favorables en el proceso de contratación de empréstitos externos.
Pero, como ya dijimos, no serán estas adversas consecuencias fiscales y financieras las únicas que se padecerán. Al ratificarse la gratuidad de la educación y de la salud, y consagrarse el principio de que todas las personas, contribuyentes o no, tendrán el derecho de gozar de la seguridad social provista por el Estado, lo que estamos asegurándonos son sistemas educativos, de salud y de seguridad social cada vez más precarios, inoperantes e ineficaces. Esto lo pagaremos todos, pero, sin duda, quienes más lo padecerán serán los grupos de personas de menores recursos, precisamente aquellos a quienes se trata de proteger con estas decisiones demagógicas, inoperantes y altamente contraproducentes.
Un ejemplo, la educación
La ratificación de la gratuidad de la educación de tercer nivel, combinada con la obligación del Estado de proveer los recursos que requieran las universidades nacionales para su funcionamiento, contribuirán notablemente a la profundización del proceso de deterioro y depauperación de la educación que hemos padecido en Venezuela durante las últimas décadas. Al igual que en el pasado, las limitaciones cada vez mayores que padecerá el Estado para cumplir con sus elevadas y crecientes obligaciones de gasto, harán que la asignación de recursos para actividades claves como la educación y la salud sea cada vez más precaria e insuficiente. Ello hará que la pugna de los diversos sectores por captar la mayor parte de los escasos recursos asignados se intensifique, resultando perdedores los que menos capacidad de cabildeo político tengan. Es ya conocida la nefasta consecuencia que esto ha tenido en nuestro sistema educativo. La presión política cada vez mayor que ejercen las universidades nacionales para que se le asignen los recursos que necesitan para su funcionamiento, o para que se les cancele las acreencias ya multibillonarias que éstas tienen con el Estado, hace que los recursos asignados a esos centros de estudio signifiquen un porcentaje desproporcionadamente elevado del presupuesto para la educación. Esto, obviamente, se traduce en asignaciones de recursos cada vez más precarias para la educación básica y técnica, condenándose así a nuestros jóvenes a recibir una formación mediocre y cada vez más pobre. Tanto más se agravará la situación cuanto menor sea la presión que se ejerza sobre nuestras universidades nacionales para que mejoren sus estándares, y busquen un mayor grado de autonomía financiera a través del esfuerzo de sus miembros, o se materialicen los deseos de altos voceros del gobierno, que abogan por la profundización de la masificación de los estudios universitarios, permitiéndosele el acceso a nuestras universidades nacionales a cualquier estudiante que haya culminado sus estudios de bachillerato, sin haber pasado por un estricto proceso de admisión.
Graves errores, graves consecuencias
Por similares razones, el deterioro previsible de nuestro sistema educativo se puede extrapolar a otras áreas básicas como la salud y la seguridad social. Es lamentable y deprimente ver cómo decisiones erradas y apresuradas acarrearán severas consecuencias, condenando al Estado a una ineficacia creciente, y a la población a sufrir un deterioro aún más acentuado de su calidad de vida.