Publicado en el diario “El Nacional” de Caracas. Lunes 15 de febrero de 2010
Si bien se ha probado una y otras vez que los controles de precios no combaten efectivamente la inflación, en Venezuela nos empecinamos en aplicar esas acciones restrictivas y hasta punitivas para obtener resultados muy magros. Escuchamos una y otra vez que el proceso de aumento sostenido de los precios se debe a acciones especulativas que hay que abatir, o por lo menos combatir, por lo que el gobierno se ve en la obligación de imponer severos controles, que en muchos casos se han traducido en la fijación de precios inamovibles por períodos prolongados, sin tomar en consideración la estructura y dinamismo de los costos.
A pesar de la inflexibilidad y rigidez de los controles gubernamentales, padecemos desde hace varios años la mayor inflación de la América Latina y una de las más altas del orbe, por lo que debemos preguntarnos por qué son tan ineficientes esas acciones restrictivas. Ello se debe a que cuanto más rígidas y severas ellas son, los precios impuestos se divorcian de los costos de producción y de distribución, los cuales aumentan a un ritmo similar al de la inflación. Eso se traduce en una reducción intensa y sostenida de los márgenes de beneficio de las empresas hasta caer en pérdidas crecientes, por lo que los productores dejan de producir, surgiendo problemas de escasez y desabastecimiento. En respuesta, el gobierno interviene las empresas o las obliga a producir, aun cuando incurran en pérdidas. Esto, a la larga, genera más inflación, ya que, por una parte, las plantas intervenidas no son capaces de ser operadas con la eficiencia debida o, por la otra, aun cuando las mismas sigan siendo operadas por la gerencia y el personal tradicional, se minimiza la producción de los productos controlados y se elevan substancialmente los precios de otros bienes con el fin de compensar las pérdidas.
Como es natural, estas realidades se traducen en limitaciones de oferta de los productos controlados, que desaparecen rápidamente de los anaqueles de los mercados y de los detallistas tradicionales, produciéndose problemas de escasez y desabastecimiento que hacen que la única forma de conseguirlos sea a través de vendedores informales, pero a precios muy inflados, ya que la escasa oferta se desvía de los canales normales de distribución hacia los caminos verdes para así burlar los controles gubernamentales.
Cuando los problemas de desabastecimiento hacen crisis las autoridades se ven obligadas a corregir la situación creando las condiciones para que los productores tradicionales se incentiven a producir nuevamente los productos que escasean, siendo el ajuste de los precios la condición de base para lograrlo. Ello hace que éstos aumenten substancialmente, no sólo para compensar las pérdidas acumuladas del pasado, sino también para dejar un margen suficiente, de tal forma que al volverse a imponer los controles los productores continúen obteniendo ganancias, al menos por un tiempo razonable.
Por todo lo anterior, bien puede decirse que los controles de precios estrictos y divorciados de las realidades de costos pueden tener algún grado de efectividad en sus fases iniciales, particularmente cuando éstos se complementan con amenazas de acciones punitivas severas a quienes los infrinjan, como en la actualidad. Sin embargo, esa cualidad rápidamente desaparece permitiendo que la inflación vuelva por sus fueros, pero después de haber sufrido la población un deterioro de su calidad de vida debido a los problemas de escasez y desabastecimiento que esos controles generan.