Publicado en el diario “El Universal” de Caracas. Viernes 15 de agosto de 1997
Recientemente tuve la oportunidad de escuchar una charla sobre la reforma del sistema judicial que hiciera la Dra. Cecilia Sosa Gómez, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien hizo planteamientos pragmáticos y realistas para lograr este fundamental objetivo. Decía la Dra. Sosa que en vez de acometer esa reforma creando un nuevo sistema judicial, con todos los riesgos e incertidumbres que ello conlleva, deberíamos actuar sobre el que ya existe, reformándolo para hacerlo funcional. Como parte fundamental de ese proceso planteaba la necesidad de hacer eficientes a los tribunales existentes.
Por creer que el planteamiento es válido, me pregunté qué se necesitaría hacer para lograr ese objetivo de eficiencia. La búsqueda de respuesta a esa interrogante me preocupó, ya que me hizo ver lo titánico de la tarea a afrontar. Acercarnos a esa meta de eficacia requiere la materialización de una serie de condiciones complejas, complementarias y todas necesarias, mas ninguna de ellas suficiente.
El Aspecto Económico
Se hace imperativo dotar al poder judicial de recursos financieros suficientes. Es insólito que la asignación fiscal a este sector sea el 1,2% del presupuesto nacional, lo cual equivale a 0,28% del PIB. Es fácil inferir que con ese presupuesto sólo se pueden pagar sueldos de miseria, no es posible hacer la dotación básica de los tribunales, no es factible mantener su infraestructura en condiciones operativas, no se puede tener una supervisión eficiente, y es imposible contar con un personal capacitado y estimulado. Todo ello explica en buena medida lo precario, por decir lo menos, en que se encuentra el poder judicial, y la profunda corrupción que se ha encajado en su seno.
No sólo es necesario incrementar la asignación presupuestaria, sino también lograr la autonomía económica de esta rama del Estado. Para ello se debe aumentar el pago de quienes reciben los servicios judiciales, particularmente en la rama mercantil.
El Recurso Humano
Hay que hacer una evaluación detenida del personal requerido en cada tribunal y definir el perfil de los diferentes cargos. Luego, hay que evaluar a todos los empleados para determinar quiénes son los aptos para el desempeño de esas funciones. También, hay que implantar un plan de formación permanente a todos los niveles, a través del cual, no solo se capacite al personal, sino que se mejore su nivel profesional en forma continua.
Es imperativo elevar la majestad de los diferentes cargos, particularmente el de juez, posición que sólo debe ostentarla quien cuente con la experiencia profesional y la honorabilidad que la misma exige. A su vez, ese personal de justicia tiene que percibir unas remuneraciones y beneficios laborales cónsonos con su nuevo rango e investidura.
El Aspecto Gerencial
Hay que establecer una normativa de gestión y un patrón de eficiencia en la administración de justicia. Cada empleado debe conocer, no solo sus obligaciones, sino también las de los otros miembros de su comunidad de trabajo. Esa es una condición fundamental para que se produzca la auto-supervisión en cada tribunal. También, se requiere un organismo supervisor efectivo, que controle eficazmente las actuaciones de los diferentes tribunales y las de sus miembros. Esta superintendencia debe ser autónoma, totalmente despolitizada y formada por un personal del más alto nivel, de comprobada capacidad y experiencia profesional, y de honorabilidad intachable.
Cambios de esta magnitud son por demás complejos y difíciles de implementar, entre otras cosas por el rechazo que surge de las entrañas del ente que se desea cambiar. En el caso que nos ocupa la situación se hace aún más compleja porque, sin temor a errar, surgirá una oposición de poderosas organizaciones políticas, o de algunos de sus influyentes miembros, sobre los que recae en buena medida la responsabilidad de la corrupción tan profunda que hoy existe en nuestro sistema judicial. De allí que se requiera un liderazgo que impulse la reforma y que logre el necesario apoyo de toda la sociedad, incluyendo al estamento político, y un equipo gerencial que la estructure e implemente.
Creo que muchos de los que esto lean me tildarán de soñador. A ellos los entiendo, porque lo vivido en las últimas décadas nos ha vuelto escépticos, para no decir incrédulos. Sin embargo, si bien ésta es una tarea titánica, tenemos que afrontarla con decisión y sin demora, ya que la limpieza y transformación del poder judicial es algo que ya no podemos seguir postergando.
Imagen: Diarioavance.com